La medida pone fin a un esquema de financiamiento vigente desde 2004 y redefine el rol de los organismos vinculados a la actividad.
El Gobierno nacional oficializó el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020 (PEVI) y dispuso la eliminación inmediata de las contribuciones obligatorias que bodegas y productores abonaban para su financiamiento.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial, donde se establece que el programa cumplió el plazo para el que había sido creado y, por lo tanto, corresponde dar por finalizado su esquema de financiamiento.
El plan, impulsado originalmente con una proyección de 15 años, tenía como objetivo posicionar a la Argentina entre los principales actores de la industria vitivinícola mundial. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalaron que las metas planteadas -como alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares anuales y captar el 10% del comercio global- no se concretaron.
Con esta medida, también se instruyó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a dejar de percibir los aportes provenientes del sector, que hasta ahora eran obligatorios para todos los actores de la cadena productiva.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que desde 2004 las bodegas y productores debían pagar contribuciones por distintos conceptos, como la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización de vino y mosto, además del ingreso de uva a los establecimientos.
Estos fondos eran administrados por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), entidad encargada de ejecutar el plan estratégico. A partir de ahora, el organismo deberá presentar en un plazo de tres meses un informe final con el detalle del uso de recursos, rendición de cuentas y grado de cumplimiento de los objetivos.
La resolución también establece que los fondos remanentes serán transferidos al patrimonio del INV, con el objetivo de evitar la acumulación de recursos sin justificación tras la finalización del programa.
Si bien el plan queda formalmente cerrado, el Gobierno aclaró que la COVIAR continuará funcionando bajo el marco legal vigente, aunque sin facultades para prorrogar el esquema estratégico ni sostener las contribuciones obligatorias.
