El Gobierno envió a la Legislatura un proyecto que incluye beneficios para empresas, cambios en el Fondo de la Transformación y una reestructuración del Casino.
El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto de ley orientado a profundizar la modernización del Estado provincial, atraer inversiones privadas y reorganizar distintos organismos públicos vinculados al financiamiento y la administración de recursos.
La iniciativa propone, entre otros puntos, la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema que busca fomentar la llegada de capitales nacionales y extranjeros mediante beneficios destinados a proyectos productivos.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta especialmente a fortalecer a las PyMES y MiPyMES mendocinas, mejorar la competitividad y generar empleo en distintos sectores de la economía provincial.
Otro de los ejes centrales del proyecto es la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). El Gobierno considera que, tras más de tres décadas de funcionamiento, el organismo necesita redefinir su rol debido a la reducción de recursos disponibles y al mayor desarrollo del sistema financiero privado.
La propuesta plantea que el Estado provincial concentre su participación en áreas específicas donde existan fallas de mercado o dificultades de acceso al financiamiento.
Además, el proyecto habilita una reorganización integral del Instituto Provincial de Juegos y Casinos con el objetivo de optimizar recursos y garantizar sostenibilidad financiera.
La medida se da luego del incendio ocurrido en marzo pasado en el complejo Tótem Boulevard de San Martín, donde funcionaba el anexo Zona Este del Casino de Mendoza, lo que provocó el cierre de la sala y afectó ingresos del organismo.
Según el Ejecutivo, el proceso de reestructuración también busca adaptar el funcionamiento del Instituto a los cambios tecnológicos y operativos de la industria del juego.
Por otra parte, la iniciativa contempla avanzar con el cierre definitivo de los procesos de liquidación vinculados a los ex bancos oficiales provinciales.
En ese sentido, el Gobierno propone liquidar activos históricos y dar de baja créditos con más de 30 años de antigüedad que en muchos casos se encuentran prescriptos o corresponden a deudores insolventes.
La administración provincial sostiene que esta medida permitirá reducir costos para el Estado, evitar litigios judiciales y facilitar la reinserción de miles de personas al sistema financiero formal.
